Ley por Malvinas: alertan por amenazas a la libertad de expresión y posibles riesgos de censura
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, enmarcado en la disputa por las Islas Malvinas, abrió un fuerte debate político y jurídico por su presunto impacto sobre la libertad de expresión y la actividad de la prensa. La iniciativa incorpora nuevas figuras penales vinculadas a la “desinformación masiva”, la “manipulación de la opinión pública”, la influencia extranjera y las operaciones clandestinas, con penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión. Especialistas en derecho constitucional y dirigentes opositores advierten que, detrás de la defensa de la soberanía, el texto introduce conceptos ambiguos y sanciones elevadas que podrían derivar en censura, persecución política y un efecto intimidatorio sobre periodistas, medios y ciudadanos.
El principal foco de controversia se concentra en el artículo 111 del proyecto, que propone sumar el artículo 225 bis al Código Penal. Según esa redacción, se fijan penas de entre cinco y doce años de cárcel para quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente foráneo, procure alterar procesos electorales o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. Las sanciones escalan a entre ocho y quince años cuando esas conductas se llevan a cabo mediante amenazas, sobornos, coerción o recurriendo a estructuras criminales. Para los críticos, la amplitud de esas descripciones abre la puerta a que cualquier discurso incómodo para el poder pueda ser encuadrado como desinformación o manipulación.
Entre los juristas consultados se destaca la voz del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien señaló que el tipo penal propuesto es “muy abierto” y que la combinación entre definiciones indeterminadas y penas gravosas genera un “efecto intimidante” que puede funcionar como censura previa. Otros expertos en derecho penal, como Diego Armesto y Félix Lonigro, también alertaron sobre el riesgo de que el concepto de “desinformación” sea utilizado de manera discrecional. Armesto observó que el esquema se sitúa al borde de un caso de censura previa, en tanto permite que funcionarios o denunciantes interpreten a su criterio qué constituye un ataque al Gobierno o al proceso electoral, mientras Lonigro remarcó que sancionar la desinformación sin parámetros claros es peligroso para la libertad de expresión.
Las organizaciones vinculadas al periodismo y a la transparencia institucional se sumaron a las objeciones. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) difundió un comunicado en el que advierte que expresiones como “manipular la opinión pública” y “desinformación masiva” carecen de precisión jurídica y dejan un margen amplio para la aplicación discrecional de la norma, con potencial impacto negativo sobre la prensa y el debate público. Poder Ciudadano expresó su preocupación por que, bajo el argumento de combatir la injerencia extranjera y las noticias falsas, el Estado termine disponiendo de una herramienta de censura y persecución contra opositores, medios y organizaciones de la sociedad civil. ADEPA, la entidad que agrupa a empresas periodísticas, informó que se encuentra analizando el articulado para determinar su alcance real y su incidencia sobre la libertad de expresión.
En el plano político, la iniciativa también generó resistencia en sectores de la oposición. El diputado Nicolás Trotta, de Unión por la Patria y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, cuestionó que este tipo de figuras penales se hayan incorporado dentro de un proyecto asociado a Malvinas y la defensa de la soberanía, y sostuvo que el texto puede transformarse en “una herramienta de censura y persecución” contra quienes critiquen al Gobierno. Trotta advirtió que el diseño del nuevo delito habilita tanto mecanismos de censura previa como formas posteriores de intimidación y hostigamiento judicial, al tiempo que insistió en la necesidad de revisar y corregir en el Congreso los artículos cuestionados. Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como un refuerzo frente a la desinformación y la injerencia extranjera, el debate legislativo que se abre será clave para definir si la llamada “ley por Malvinas” termina siendo un instrumento de protección de la soberanía o un punto de inflexión en materia de derechos y libertades fundamentales.
