Los indicadores económicos encendieron señales de preocupación en la Casa Rosada, aunque el Gobierno descarta que el escenario actual pueda derivar en una escalada de conflictividad social. La caída de la actividad y los datos de inflación correspondientes a septiembre son seguidos con atención por el oficialismo, que procura evitar que el deterioro económico afecte su agenda política.
En el Ejecutivo consideran que las protestas vinculadas con las universidades y el sector de la discapacidad no alcanzan, por ahora, una magnitud capaz de alterar el clima social. La estrategia oficial consiste en relativizar esos reclamos y sostener que no existe una base suficiente para que se transformen en movilizaciones masivas o en episodios de violencia.
Una de las evaluaciones que circula en el entorno presidencial apunta al papel de los intendentes. Según esa mirada, los jefes comunales no contarían con capacidad suficiente para organizar revueltas de alcance nacional ni para canalizar el malestar hacia un escenario de desborde. A la vez, el Gobierno entiende que tampoco estarían dadas las condiciones para que se produzcan incidentes espontáneos de importancia.
La preocupación económica, sin embargo, convive con una apuesta política centrada en preservar el respaldo al presidente Javier Milei. En la Casa Rosada confían en que el mandatario mantenga su capacidad de interpelar a la sociedad y evite perder centralidad, en un contexto en el que la evolución de los precios y la actividad comienzan a generar mayores interrogantes.
En paralelo, el oficialismo busca reducir las tensiones con sus aliados parlamentarios mientras avanza con el tratamiento del Presupuesto 2027 y otras reformas impulsadas por el Gobierno. Entre las concesiones planteadas aparecen la revisión de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros, el retroceso en el ajuste previsto para el área de Discapacidad y el inicio de conversaciones sobre las obras públicas destinadas a las provincias.
Esos acuerdos forman parte de una negociación más amplia que también incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Para el Gobierno, el respaldo de los bloques provinciales resulta clave para avanzar con su agenda legislativa y evitar nuevos focos de tensión en el Congreso.
Mientras tanto, permanece pendiente el recital que Milei había prometido realizar. La actividad quedó supeditada a la evolución de los números económicos y políticos, en un escenario en el que el oficialismo procura administrar las expectativas y transmitir que, pese a las dificultades, no vislumbra un proceso de crispación social.
