Por la abrupta caída en la recaudación del impuesto a los créditos y débitos bancarios, el Gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás con una operatoria que se había convertido en una herramienta clave de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. A través de una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), desde ahora las compañías ya no podrán depositar ni pagar con cheques desde sus cuentas bursátiles, una modalidad que les permitía eludir el pago del gravamen conocido como “impuesto al cheque”, que grava con 0,6% el débito y otro 0,6% la acreditación de fondos en cuentas corrientes bancarias. La decisión implica que las pymes deberán volver a operar íntegramente a través del sistema bancario tradicional, quedando nuevamente alcanzadas por ese tributo.
La medida se formalizó con la resolución general 1.166 de la CNV, que establece que la transferencia será la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes de las cuentas de inversión. En el texto oficial se argumenta que el cambio “busca asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, eliminar eventuales rechazos asociados al uso de cheques y fortalecer los mecanismos de control y prevención frente a posibles conductas disvaliosas”. Sin embargo, detrás de la justificación técnica, en el Gobierno reconocen que el factor decisivo fue el deterioro en la recaudación mensual vinculada al impuesto al cheque, una fuente de ingresos relevante para las arcas públicas en un contexto de desaceleración económica y tensión fiscal.
La operatoria ahora restringida había ganado terreno entre las pymes en los últimos meses, al permitirles descontar cheques y operar con ellos dentro de sus cuentas bursátiles, fuera del alcance del impuesto bancario. De este modo, podían abaratar costos financieros, mejorar su flujo de caja y acceder a liquidez en mejores condiciones, aprovechando instrumentos del mercado de capitales sin la carga adicional del tributo. El cierre de esa vía genera preocupación en el entramado productivo de menor tamaño, que enfrenta tasas de interés aún altas, dificultades de acceso al crédito y una demanda que recién comienza a mostrar señales de recuperación.
En paralelo, la decisión encendió críticas entre agentes del mercado y cámaras empresarias del sector financiero, que advertían que la operatoria de cheques en cuentas bursátiles estaba contribuyendo a profundizar el uso del mercado de capitales como alternativa al sistema bancario tradicional. Para los operadores, la resolución de la CNV significa un retroceso regulatorio que desincentiva la formalización de operaciones y reduce las opciones para canalizar ahorro hacia la producción. También señalan que el cambio se produce en un momento en que el Gobierno impulsa una baja de ciertos impuestos y un alivio de cargas para sectores productivos, pero simultáneamente refuerza un tributo distorsivo como el impuesto al cheque para proteger la caja fiscal.
Los datos recientes refuerzaron la alarma oficial: en agosto, la recaudación del impuesto a los créditos y débitos bancarios habría caído alrededor de un 9% en términos reales, pese a que la actividad económica mostraba una mejora cercana al 2%, según estimaciones privadas. Ese desfasaje encendió señales de alerta en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que monitorea de cerca la evolución de los ingresos. En ese contexto, el equipo económico optó por priorizar la estabilidad de las cuentas públicas y eliminar completamente la posibilidad de usar cheques en cuentas de inversión. En la práctica, las pymes quedan obligadas a regresar al circuito bancario tradicional, asumiendo el costo del impuesto y sumando un nuevo obstáculo en un escenario en el que el acceso a financiamiento competitivo sigue siendo uno de los principales desafíos para el sector.
