La Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, intensificó en el último mes sus operativos contra el contrabando de bebidas alcohólicas en todo el país, enfocándose en el último eslabón de la cadena comercial. Inspectores del organismo realizaron controles en supermercados, vinerías y centros de distribución urbanos de distintas ciudades y secuestraron mercadería de origen extranjero valuada en más de $67 millones. La mayoría de las actuaciones se concentraron en comercios minoristas, donde se detectó la venta de productos importados sin documentación que acreditara su ingreso legal al territorio argentino.
Según fuentes del organismo, cerca de $61,6 millones del total incautado corresponden a bebidas alcohólicas extranjeras halladas directamente en puntos de venta, bajo la figura de “tenencia injustificada con fines comerciales”. En estos locales, los agentes revisan góndolas, depósitos y cámaras de almacenamiento para verificar la trazabilidad de las botellas y latas, y constatar si cuentan con la documentación aduanera y fiscal exigida. Cuando no hay respaldo documental, se labran actas, se procede al secuestro de la mercadería y se inicia un expediente por infracción al Código Aduanero.
Los operativos se desplegaron en “zonas secundarias” aduaneras, es decir, fuera de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, en línea con una estrategia que busca atacar las redes de contrabando también en comercios, depósitos y domicilios vinculados a importadores. Esta modalidad de controles ex post se suma al trabajo tradicional en frontera y apunta a desarmar los circuitos que distribuyen productos ingresados de manera ilegal. En las inspecciones, Aduanas y ARCA ponen especial atención en bebidas de alta demanda, como whiskies, vodka, gin, licores y cervezas internacionales, que suelen ingresar por canales informales aprovechando diferencias de precios con países limítrofes.
De acuerdo con el artículo 987 del Código Aduanero, la figura de tenencia injustificada con fines comerciales contempla sanciones de hasta cinco veces el valor en plaza de la mercadería cuestionada. Sobre esa base, el organismo anticipó que las multas en preparación podrían ascender a más de $300 millones, una cifra que busca tener efecto ejemplificador sobre los comercios que integran estas cadenas irregulares. Las sanciones no solo implican un impacto económico directo sobre los infractores, sino que también pueden derivar en clausuras, decomisos definitivos y la pérdida de mercadería, lo que genera preocupación entre empresarios y comerciantes que reclaman previsibilidad y mayores campañas de información.
En paralelo, desde ARCA y la Aduana se insiste en que la ofensiva contra el contrabando de bebidas responde tanto a la necesidad de proteger la recaudación fiscal como a razones de salud pública. Al tratarse de productos sin trazabilidad ni controles adecuados de transporte y almacenamiento, las autoridades advierten que no pueden garantizar su aptitud para el consumo. Por eso, además del secuestro, en muchos casos se dispone la destrucción de las bebidas incautadas. Los operativos recientes se inscriben en un contexto de creciente presión de cámaras empresarias y fabricantes que denuncian competencia desleal, caída de ventas y pérdida de empleo formal frente al avance de mercadería ingresada de manera ilegal y vendida a precios por debajo de los costos de producción local.
