El ministro de Justicia de la Ciudad promoverá un jury contra la jueza que sobreseyó a un menor de 14 años
El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anticipó que impulsará un jury de enjuiciamiento contra la jueza que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de participar en un hecho delictivo. La decisión judicial generó una fuerte reacción dentro del Gobierno porteño, que cuestionó los fundamentos utilizados para desvincular al menor de la causa.
“Estamos indignados”, expresó Tapia al referirse al fallo. El funcionario sostuvo que la resolución representa una señal negativa frente a la problemática de los menores involucrados en delitos y consideró necesario revisar la actuación de la magistrada.
El sobreseimiento del adolescente fue dictado en el marco de una investigación en la que se analizaba su presunta participación en un episodio delictivo. Debido a su edad, el menor se encuentra alcanzado por el régimen penal juvenil vigente, que establece límites específicos para la intervención de la Justicia en casos protagonizados por personas menores de 16 años.
Desde la administración porteña señalaron que el objetivo del jury será determinar si la jueza incurrió en un eventual mal desempeño de sus funciones. La presentación no implica una condena anticipada contra la magistrada, sino el inicio de un procedimiento institucional para evaluar su conducta y los argumentos expuestos en la resolución.
Tapia cuestionó especialmente que el fallo, según su interpretación, no haya contemplado adecuadamente las circunstancias del caso ni el impacto que tienen los delitos cometidos por menores en la seguridad pública. El ministro afirmó que el Estado debe brindar respuestas tanto a las víctimas como a la sociedad.
La iniciativa deberá avanzar por los canales correspondientes y quedar sujeta al análisis de los organismos competentes. En ese proceso se evaluará si existen elementos suficientes para abrir formalmente un jury y, eventualmente, establecer responsabilidades disciplinarias.
El caso volvió a instalar el debate sobre la edad de imputabilidad, el funcionamiento del sistema penal juvenil y el alcance de las facultades judiciales frente a adolescentes acusados de cometer delitos. Mientras el Gobierno porteño reclama una revisión de la actuación de la jueza, la defensa del menor sostiene que la decisión se ajustó al marco legal aplicable.
