La situación judicial del consultor político argentino Fernando Cerimedo dio un nuevo giro en Bolivia, donde la Justicia ordenó una segunda prisión preventiva, esta vez vinculada a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La nueva medida cautelar fue dictada luego de que el exasesor de Javier Milei y actual consultor del presidente boliviano Rodrigo Paz declarara ante los fiscales que percibe ingresos mensuales cercanos al medio millón de dólares desde 2025 por sus empresas de comunicación digital. Ese nivel de ingresos, sumado a la información recabada por la Fiscalía, disparó sospechas sobre el origen de los fondos y derivó en la apertura de una causa paralela a la que ya enfrenta por tentativa de femicidio.
Hasta ahora, Cerimedo se encontraba detenido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, cumpliendo una prisión preventiva de 180 días por la acusación de intento de femicidio contra su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, además de cargos anexos por lavado de activos. La nueva resolución judicial ordena que el consultor cumpla otros seis meses de prisión preventiva por enriquecimiento ilícito, pero en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, lo que abre el interrogante sobre cómo se compatibilizarán ambas medidas cautelares, dictadas por distintas jurisdicciones y por delitos diferentes. Mientras la investigación por violencia de género avanza en Santa Cruz, el proceso por presunto enriquecimiento ilícito se profundiza en La Paz, configurando un entramado judicial cada vez más complejo.
En su declaración, Cerimedo intentó justificar los elevados ingresos que dijo percibir mediante sus negocios de comunicación digital y campañas políticas, aclarando que las cifras mencionadas no incluían los montos derivados de su trabajo como asesor del presidente Rodrigo Paz, ni otros encargos políticos en la región. Sin embargo, esa explicación no fue suficiente para despejar las dudas de los investigadores, que ya cuentan con datos adicionales obtenidos del teléfono celular del imputado y documentos que habrían reforzado la hipótesis de movimientos financieros incompatibles con el perfil patrimonial declarado. Con ese cuadro, el Ministerio Público impulsó el nuevo proceso por enriquecimiento ilícito y reclamó una medida cautelar severa, que fue acogida por la Justicia paceña.
Durante la audiencia virtual en la que se definió su futuro inmediato, Cerimedo se presentó como víctima de una persecución judicial y negó haber cometido delito alguno. Aseguró ante el juez que no tiene intención de fugarse y reclamó la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad o bajo una modalidad menos gravosa, afirmando que su vida “fue arruinada” por estas causas y que permanece “encerrado por algo que no ocurrió”. También subrayó que su trabajo como consultor político y su exposición pública lo convierten en blanco de intereses que buscan utilizar su caso con fines mediáticos y políticos, planteo que no logró convencer al magistrado, que consideró la existencia de riesgos procesales y ratificó la prisión preventiva.
La decisión de enviar a Cerimedo a Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad conocida por albergar a reclusos de alta peligrosidad, marca un nuevo punto de tensión en el caso y agrava el cuadro que enfrenta el argentino en Bolivia. Mientras su defensa insiste en que las acusaciones por intento de femicidio son infundadas y que el proceso por enriquecimiento ilícito se abrió de oficio sin pruebas concluyentes, las autoridades judiciales y fiscales remarcan la gravedad de los cargos, el volumen de dinero involucrado y la necesidad de garantizar que el imputado permanezca bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones. Con dos prisiones preventivas vigentes, dictadas por distintos jueces y en diferentes penales, el futuro judicial de Fernando Cerimedo se complica cada vez más, en medio de un escándalo que ya trasciende las fronteras bolivianas y alcanza a la escena política regional.
