La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó una serie de medidas preliminares en el marco de la investigación por el ingreso y la posterior salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina. La causa se inició a partir de denuncias presentadas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.
Entre las diligencias requeridas, Ochoa pidió informes a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir los movimientos del dirigente brasileño y determinar cómo se registró su ingreso y egreso del país. También solicitó el acceso a imágenes de las cámaras de seguridad de los lugares vinculados con su traslado.
La investigación quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien deberá evaluar las medidas planteadas por la fiscal. El expediente busca establecer si funcionarios argentinos facilitaron la salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos, en momentos en que enfrentaba restricciones impuestas por la Justicia de Brasil.
Uno de los puntos centrales consiste en determinar si se cumplió con la Ley de Migraciones. En particular, se analiza si correspondía informar la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales relacionados con el dirigente brasileño.
Las denuncias fueron presentadas por el diputado Esteban Paulón y el dirigente Gabriel Solano, quienes solicitaron investigar una posible coordinación entre distintas dependencias del Estado argentino. Según sus planteos, se debe esclarecer si Bolsonaro cruzó la frontera, abordó un avión privado y continuó su viaje con la asistencia o el consentimiento de autoridades nacionales.
Los denunciantes también pretenden determinar si los funcionarios argentinos conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y, pese a ello, omitieron intervenir o colaboraron de manera deliberada para permitir su salida del territorio argentino.
Desde el Gobierno nacional sostuvieron que Flávio Bolsonaro y sus familiares ingresaron al país con documentación válida y que no figuraban impedimentos legales en los sistemas migratorios argentinos. La Justicia deberá ahora contrastar esa información con los registros oficiales, las imágenes de seguridad y el resto de las pruebas que se incorporen al expediente.
