El Senado aprobó en general una reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei y envió el proyecto a la Cámara de Diputados para que continúe su tratamiento. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, luego de un debate marcado por las condiciones para disponer internaciones involuntarias, el financiamiento del sistema y el alcance de la atención destinada a personas con padecimientos mentales.
El proyecto contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales. El rechazo, en cambio, se concentró en el bloque Justicialista y en legisladores de otras bancadas opositoras, que cuestionaron especialmente la distribución de responsabilidades entre la Nación y las provincias.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la modificación de los criterios para ordenar internaciones involuntarias. Según el texto aprobado, estas medidas podrán aplicarse cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona afectada o de terceros, siempre que no sea posible recurrir a otros abordajes terapéuticos.
La internación continuará siendo considerada un recurso excepcional y deberá ser evaluada por un equipo interdisciplinario. El proyecto también habilita a un médico, preferentemente especialista en psiquiatría, a disponerla. En situaciones de emergencia, la decisión podrá ser adoptada por un solo profesional, aunque deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. Además, se contempla el uso de teleconsultas con especialistas cuando resulte necesario.
La iniciativa incorpora cambios en la intervención judicial. Las internaciones deberán ser comunicadas a la Justicia, que podrá solicitar informes, ordenar peritajes y supervisar la continuidad de las medidas. A su vez, el texto exige la elaboración de un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, con pautas destinadas a organizar la salida de la institución y garantizar la continuidad de los cuidados.
Otro de los puntos previstos es la ampliación del abordaje de las adicciones. La reforma contempla la atención de personas que atraviesan consumos problemáticos y permite incluir la ludopatía entre las problemáticas vinculadas con la salud mental, con el objetivo de ampliar las herramientas de prevención y tratamiento.
El proyecto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y sostiene un modelo basado en dispositivos alternativos. Entre las opciones se incluyen tratamientos ambulatorios y domiciliarios, hospitales de día y casas de convivencia, como parte de una estrategia de atención comunitaria.
La reforma también establece disposiciones específicas para niños y adolescentes. Los menores deberán ser atendidos por equipos con formación en salud mental infantojuvenil y permanecer separados de los adultos durante las internaciones, salvo en situaciones excepcionales que estén debidamente justificadas.
El financiamiento fue uno de los aspectos que generó mayor tensión durante el debate. Para facilitar la aprobación, el Gobierno incorporó mecanismos de cooperación financiera entre la Nación y las provincias, junto con previsiones presupuestarias destinadas a sostener la aplicación de la norma.
Durante la sesión, el senador Gerardo Zamora cuestionó que el proyecto asigne nuevas obligaciones a las provincias sin garantizar los recursos necesarios. Guillermo Andrada, por su parte, sostuvo que las dificultades de la legislación vigente no se originan necesariamente en sus principios, sino en la falta de financiamiento para sostener un sistema de atención comunitaria.
