El Gobierno nacional apelará por novena vez una decisión judicial que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional un apartado del Decreto 759/2025 utilizado por el Poder Ejecutivo para condicionar la entrada en vigencia de la norma.
El magistrado sostuvo que el Gobierno no podía suspender los efectos de una ley que había sido aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente con una mayoría agravada, luego del veto presidencial. Según el fallo, esa insistencia parlamentaria obligaba al Ejecutivo a promulgar la norma sin establecer restricciones adicionales.
La Ley 27.795 contempla, entre otras medidas, la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, la recomposición de programas de asistencia estudiantil y la adecuación de partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales. El Gobierno, en cambio, cuestiona que la norma no determine de manera precisa el origen de los recursos necesarios para financiar esas obligaciones.
Cormick consideró que el decreto firmado por el Ejecutivo introdujo una condición que terminó paralizando la aplicación de una ley aprobada por el Congreso. En particular, objetó la referencia al artículo 5 de la Ley 24.629, al entender que esa disposición no podía utilizarse para neutralizar una norma posterior que ya había sido ratificada por ambas cámaras legislativas.
El juez también señaló que el decreto avanzaba sobre atribuciones propias del Congreso en materia presupuestaria. Aunque reconoció la relevancia de las facultades parlamentarias vinculadas con la determinación del gasto público, sostuvo que esas competencias no podían invocarse para impedir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo artículo 9 habilita al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
La nueva sentencia se suma a una serie de decisiones judiciales adversas para la administración de Javier Milei. En diciembre de 2025, el propio Cormick había dictado una medida cautelar que ordenó aplicar los artículos referidos a los salarios y a los programas estudiantiles. La Cámara Federal confirmó esa resolución el 31 de marzo de 2026 y la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno el 25 de junio, dejando firme la medida provisoria.
En septiembre, el juez volvió a pronunciarse a favor de la Universidad de Buenos Aires y ordenó al Ejecutivo cumplir con la ley. Días después, rechazó una apelación oficial contra una nueva intimación y otorgó un plazo de cinco días para acatar la cautelar, bajo advertencia de imponer multas.
Con la sentencia de fondo, Cormick avanzó sobre la validez del decreto y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de inmediato con la Ley 27.795. También dispuso que el Estado dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para ponerla en funcionamiento, además de hacerse cargo de las costas del proceso. El Gobierno anunció que volverá a recurrir la decisión ante la Justicia.
