La empresa de servicios petroleros SLB, considerada la mayor del mundo en su rubro, confirmó que no prestará servicios ni participará de proyectos de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni en sus espacios marítimos circundantes. La decisión fue comunicada poco después del discurso del presidente Javier Milei, quien anunció en cadena nacional el endurecimiento de las sanciones contra las compañías extranjeras que operen en el archipiélago sin la habilitación del Estado argentino. Aunque la firma no estaba involucrada en ningún emprendimiento concreto en las islas, eligió dejar explícita su posición frente al nuevo esquema de penalidades.
En un comunicado difundido en Argentina, SLB –la compañía de origen estadounidense que durante décadas operó bajo el nombre Schlumberger– aclaró que no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación vinculados a proyectos hidrocarburíferos en Malvinas. La empresa enmarcó su postura en lo dispuesto por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo, que reglamenta y refuerza la aplicación de la Ley 26.659 sobre actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. En línea con esa normativa, la firma ratificó su compromiso de ajustarse a las leyes locales como condición para seguir operando en el país y acceder a los beneficios y autorizaciones que otorgan el régimen vigente.
El decreto mencionado por la petrolera amplía el alcance de las restricciones más allá de la extracción directa de hidrocarburos en la zona en disputa. A partir de su entrada en vigencia, quedan alcanzados también los servicios financieros, logísticos, técnicos, comerciales y de consultoría relacionados con explotaciones no autorizadas en Malvinas y sus aguas adyacentes. Al anunciar el endurecimiento del esquema sancionatorio, Milei enfatizó que las empresas que deseen integrarse a proyectos como los del régimen de grandes inversiones deberán presentar una declaración jurada que acredite el cumplimiento estricto de esa legislación, so pena de quedar excluidas de permisos y concesiones en territorio argentino.
Si bien SLB no figuraba en ningún proyecto activo en las islas, su decisión tuvo un impacto político y simbólico en la disputa por la soberanía. El Gobierno nacional presentó el comunicado como un respaldo explícito a la posición argentina en el conflicto con el Reino Unido y lo inscribió en una estrategia más amplia para desalentar el avance de iniciativas petroleras bajo jurisdicción británica en el archipiélago. En ese contexto, el gesto de la mayor empresa de servicios petroleros del mundo fue leído como una señal hacia otras compañías del sector, que observan con atención el nuevo marco regulatorio y las eventuales consecuencias de operar en la zona sin autorización de Buenos Aires.
Al mismo tiempo, la movida de la petrolera se da en paralelo a su participación en proyectos de envergadura dentro del país, como los asociados al desarrollo de Vaca Muerta, donde SLB provee servicios técnicos y operativos a distintas operadoras. De cara al futuro inmediato, la compañía busca despejar cualquier duda sobre una posible vinculación con proyectos como Sea Lion, la iniciativa de exploración y explotación en el área de Malvinas impulsada bajo control británico. Con su pronunciamiento público, la firma intenta preservar su relación con el Estado argentino, evitar sanciones y alinearse con la ofensiva oficial orientada a limitar el “saqueo” de recursos en el Atlántico Sur, en un escenario en el que la disputa por el subsuelo marino se vuelve cada vez más estratégica.
