El Gobierno nacional prepara la puesta en marcha de un “salario mínimo garantizado” cercano al millón de pesos como respuesta al freno en la actividad económica y al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores formales de menores ingresos. La iniciativa funcionará como una suerte de piso salarial reforzado para quienes, aun teniendo empleo registrado, siguen ubicados por debajo de la línea de pobreza. Según trascendió, para agosto de 2026 el monto de referencia se ubicaría en torno a los 1.070.000 pesos brutos, lo que implicaría unos 880.000 pesos de bolsillo, y se aplicaría de manera focalizada en determinados convenios colectivos.
La medida será ensayada inicialmente como prueba piloto a través de la Secretaría de Trabajo, aprovechando las negociaciones paritarias en curso. La idea oficial es utilizar la discusión salarial sector por sector para incorporar cláusulas que aseguren ese “salario mínimo garantizado” allí donde los básicos de convenio queden demasiado rezagados frente al costo de vida. En lugar de un aumento generalizado por decreto, el Ejecutivo busca un esquema mixto: combinar la lógica de las paritarias con un compromiso político de que ningún trabajador registrado quede por debajo de un umbral considerado socialmente inaceptable.
Dentro del equipo económico reconocen que la baja de la inflación, aunque relevante, no alcanzó para recomponer el poder de compra de los salarios, que en muchos casos siguen en niveles de estancamiento o incluso de caída real. En ese contexto, el nuevo piso de un millón apunta a recortar la brecha entre lo que marcan las estadísticas de pobreza y lo que perciben mensualmente los empleados en blanco. Voces del oficialismo admiten que el mercado interno permanece frío, con consumo retraído, y que fortalecer los ingresos de los segmentos más castigados puede funcionar también como herramienta de reactivación.
En los despachos oficiales señalan que el esquema será selectivo y gradual: no se tratará de un aumento plano para todos los trabajadores ni de una nueva versión del salario mínimo tradicional, sino de un complemento que se activará en los tramos más bajos de la escala salarial. La implementación requerirá coordinación con sindicatos y cámaras empresarias, que deberán redefinir escalas y adicionales para acomodar el nuevo piso. El Gobierno apuesta a que, al focalizar el esfuerzo en los sueldos más deprimidos, el impacto fiscal y sobre los costos laborales sea manejable, evitando un salto abrupto que pudiera afectar el empleo.
Aunque aún no hay un anuncio formal masivo, en el Ejecutivo ya hablan del “salario mínimo garantizado” como uno de los ejes de la próxima etapa de la política económica, centrada en sostener la estabilidad de precios sin resignar recuperación salarial. El ensayo en las paritarias de agosto servirá como termómetro político y económico: si el mecanismo se consolida y demuestra efectos positivos sobre ingresos y consumo, se abrirá la puerta a extenderlo a más sectores y a revisar periódicamente el monto de referencia para que acompañe la evolución del costo de vida.
