La Justicia laboral de La Matanza consideró ilegal el bloqueo sindical y avaló el despido de un trabajador.
Un tribunal laboral de La Matanza rechazó la demanda presentada por un trabajador de Química Rame que reclamaba una indemnización por despido y protección sindical. Los jueces consideraron que la empresa tuvo motivos válidos para desvincularlo, debido a su participación en un bloqueo que impidió durante varios días el ingreso y egreso de personas y mercaderías.
La resolución fue dictada por el Tribunal del Trabajo N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, integrado por los jueces Pedro Romano, Hernán Busetti y Marcelo Molaro. El fallo estableció una diferencia entre el derecho constitucional de huelga y los bloqueos realizados en los accesos de los establecimientos, al entender que estos últimos constituyen una medida obstructiva que no cuenta con respaldo legal.
Según el tribunal, el bloqueo implica colocar personas, vehículos, neumáticos, vallas u otros obstáculos para impedir el funcionamiento de una empresa. Esa modalidad fue diferenciada del piquete, cuya finalidad sería disuadir el ingreso mediante información o persuasión, sin impedir físicamente el acceso al lugar de trabajo.
Los magistrados sostuvieron que la obstrucción coactiva de un establecimiento no puede ser equiparada con una huelga ni considerada una forma legítima de acción sindical. En ese sentido, señalaron que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional protege el derecho de huelga, pero no ampara la clausura forzada de una empresa ni la prohibición de ingreso a trabajadores que no adhieren a la medida.
La causa fue iniciada por Silvio Chamorro, quien se desempeñó como chofer de Química Rame entre mayo de 2010 y enero de 2022. La compañía justificó el despido en la pérdida de confianza derivada de su participación en el bloqueo, mientras que el trabajador rechazó esa explicación y reclamó distintos conceptos indemnizatorios, incluido el resarcimiento especial por estabilidad sindical.
Durante el proceso, varios testigos declararon que el bloqueo se extendió por más de una semana y que impidió el ingreso de empleados administrativos, trabajadores y mercaderías. El tribunal también consideró acreditado que la medida ocasionó importantes pérdidas económicas y afectó a empleados que no habían participado de la protesta.
A partir de esos elementos, los jueces concluyeron que la conducta de Chamorro constituyó una injuria laboral grave, capaz de tornar imposible la continuidad del vínculo. El fallo calificó los hechos como una falta disciplinaria de gravedad suficiente para justificar el despido dispuesto por la empresa.
El tribunal también rechazó el pedido de protección sindical. Por un lado, señaló que el trabajador no contaba con el año mínimo de afiliación exigido por la Ley 23.551 para ser candidato a delegado. La documentación incorporada al expediente indicó que Chamorro se había afiliado al sindicato en febrero de 2021, apenas ocho meses antes de la elección.
Además, los jueces cuestionaron la validez de los comicios sindicales. De acuerdo con los testimonios reunidos, la votación se realizó fuera del horario laboral, en la vereda de la fábrica, sin urna y mediante voto cantado, en lugar de respetar las exigencias de realizarse en el lugar de trabajo, durante la jornada y con sufragio directo y secreto.
Por esas razones, la sentencia determinó que Chamorro no tenía la condición legal de delegado al momento de ser despedido. El tribunal desestimó todos sus reclamos y le impuso las costas del proceso, mientras que la abogada de Química Rame, Florencia Arietto, definió la decisión como un fallo de relevancia para el debate sobre los límites de la protesta sindical.
