El Gobierno de Javier Milei avanzó con la baja de casi 22.000 pensiones no contributivas por invalidez, en el marco de una política de ajuste que impacta sobre el sistema de discapacidad. La medida se conoció mientras la administración nacional continúa sin cumplir plenamente con un fallo judicial que ordena garantizar la continuidad de determinadas prestaciones.
Las bajas forman parte de una revisión de pensiones impulsada por el Ejecutivo a través de los organismos encargados de administrar el sistema. El argumento oficial se vincula con la necesidad de detectar supuestas irregularidades y verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos para acceder a la prestación.
Sin embargo, organizaciones vinculadas a la discapacidad y sectores de la oposición cuestionaron el procedimiento. Advirtieron que muchas personas pueden quedar sin ingresos esenciales por dificultades para completar trámites, responder citaciones o trasladarse a los lugares donde se realizan los controles médicos y administrativos.
La decisión se produce en medio de un conflicto más amplio entre el Gobierno y el Poder Judicial por la aplicación de medidas relacionadas con la discapacidad. Distintos fallos reclamaron al Estado que garantice la protección de las personas con discapacidad y evite interrupciones en pensiones, tratamientos y servicios indispensables.
El ajuste también alcanza a las prestaciones destinadas a acompañantes terapéuticos, centros de día, hogares, instituciones educativas, servicios de rehabilitación y profesionales que trabajan con personas con discapacidad. El sistema atraviesa una fuerte crisis debido al atraso de los aranceles y al aumento de los costos operativos.
En paralelo, el Gobierno sostiene su intención de modificar el esquema de prestaciones y revisar los mecanismos de financiamiento. Las entidades del sector denuncian que los valores oficiales resultan insuficientes y que la falta de actualización pone en riesgo la continuidad de los servicios.
La baja de las pensiones profundiza la preocupación entre las familias afectadas, que temen perder una de las pocas fuentes de ingresos disponibles para afrontar tratamientos, medicamentos, traslados y necesidades básicas. Mientras tanto, el reclamo de las organizaciones continúa centrado en el cumplimiento de las resoluciones judiciales y en la protección integral de los derechos de las personas con discapacidad.
