El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ratificó ante la Cámara de los Comunes que su gobierno adoptará “las más firmes medidas” para defender la soberanía británica sobre las islas Malvinas y el derecho de sus habitantes a decidir su futuro político.
La declaración se produjo durante la sesión de preguntas al primer ministro, luego de que un diputado le reclamara una respuesta contundente frente a la estrategia judicial impulsada por la Argentina para intentar frenar la explotación petrolera en el archipiélago.
Burnham sostuvo que no existe ninguna disminución en el respaldo de Londres a los isleños y reiteró la posición histórica del Reino Unido sobre la disputa de soberanía. En ese sentido, recordó que los habitantes de las islas votaron recientemente a favor de continuar vinculados al país británico.
La referencia apuntó al referéndum celebrado en 2013, cuando el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener a las Malvinas como territorio británico. Para Londres, ese resultado constituye una expresión clara de la voluntad de los isleños y sustenta su defensa del principio de autodeterminación.
La ofensiva argentina se desarrolla en dos frentes. En el ámbito interno, el gobierno de Javier Milei inició procedimientos sancionatorios contra las empresas involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion, destinado a explorar y eventualmente explotar hidrocarburos en la Cuenca Norte de Malvinas.
En el plano internacional, la Argentina presentó el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. El pedido busca que el Reino Unido impida el comienzo o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental vinculada con el archipiélago.
El tribunal fijó para el 10 y el 11 de noviembre las audiencias orales en las que analizará la presentación argentina. Buenos Aires también solicitó que Londres no utilice información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de sus derechos, que respete las obligaciones ambientales argentinas y que se abstenga de otorgar nuevos permisos que puedan agravar la controversia.
La estrategia argentina se apoya principalmente en argumentos vinculados con la protección del medio marino, con el objetivo de que el tribunal intervenga sin necesidad de resolver previamente la cuestión de fondo sobre la soberanía de las islas. El gobierno sostiene que las normas ambientales internacionales son aplicables a todos los Estados y en todas las áreas marítimas.
El Reino Unido, por su parte, rechazó los argumentos argentinos y defendió la validez de las licencias otorgadas por las autoridades de las islas. Londres afirmó que la presentación ante el tribunal no invalida esos permisos, no modifica la autoridad regulatoria local ni obliga a suspender actividades que considera legales.
Al mismo tiempo, el gobierno británico confirmó que participará del procedimiento internacional y que cumplirá cualquier orden que eventualmente emita el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En paralelo, activó normas destinadas a proteger a empresas británicas frente a posibles medidas regulatorias extraterritoriales impulsadas por la Argentina.
