Juicio por YPF: Preska clausuró el expediente y la Corte Suprema de EE.UU. decidirá si revisa el reclamo de Burford
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska cerró formalmente su intervención en el juicio por la estatización de YPF y dejó sin efecto la sentencia que había dictado en 2023 contra la Argentina. Con esta resolución, el expediente quedó concluido en primera instancia, aunque el litigio todavía no terminó.
La decisión de Preska fue adoptada luego del fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó la condena contra el Estado argentino por más de 16.000 millones de dólares. La magistrada incorporó al expediente las consecuencias de esa resolución, que había favorecido a la Argentina.
Los jueces Denny Chin y Beth Robinson consideraron que Preska había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino al emitir su fallo original. El juez José Cabranes votó en disidencia. En su resolución, la Cámara sostuvo que la ley argentina de expropiación impide que terceros presenten demandas capaces de interferir en un proceso de ese tipo.
El tribunal de apelaciones también concluyó que los estatutos de una sociedad no constituyen un contrato bilateral entre los accionistas. Por ese motivo, determinó que no podían utilizarse como fundamento para reclamar una indemnización por daños como la solicitada por los demandantes.
La demanda fue iniciada por los fondos Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, vinculados con la familia Eskenazi. Los accionistas denunciaron que la expropiación de YPF había vulnerado sus derechos al no contemplar las garantías previstas para los accionistas minoritarios.
Burford Capital financió el litigio y adquirió los derechos de los antiguos accionistas. En 2023, la sentencia de Preska había ordenado a la Argentina pagar más de 16.100 millones de dólares. Con la acumulación de intereses, el monto había superado los 18.000 millones de dólares.
Después del fallo de la Cámara, Burford solicitó que el plenario del Segundo Circuito revisara la decisión. Sin embargo, en junio ese pedido fue rechazado, por lo que la única alternativa disponible en Estados Unidos pasó a ser una presentación ante la Corte Suprema.
A comienzos de octubre, el fondo presentó un recurso de certiorari para pedir la intervención del máximo tribunal estadounidense. La presentación no obliga a la Corte a aceptar el caso: sus jueces deberán decidir si consideran que existen razones suficientes para revisar el fallo de la Cámara.
No existe un plazo establecido para que la Corte Suprema resuelva este tipo de solicitudes. La complejidad y la extensión del litigio hacen difícil anticipar cuándo podría conocerse una decisión. Mientras tanto, Burford también inició acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
