El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada. La iniciativa quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y forma parte de la política de reducción de la estructura estatal impulsada por la gestión de Javier Milei.
El programa está destinado a trabajadores de planta permanente y a empleados vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado, siempre que se desempeñen en las jurisdicciones y organismos alcanzados por la normativa.
La inscripción se desarrollará entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026. La autoridad de aplicación podrá disponer una única prórroga de hasta 30 días corridos.
Uno de los puntos centrales del régimen es que los puestos de quienes se incorporen serán eliminados del presupuesto una vez concretada la desvinculación laboral. Además, quienes adhieran no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años.
Cómo serán las compensaciones económicas
El decreto contempla tres grupos de beneficiarios, con diferentes modalidades de pago según la edad y la situación previsional de cada trabajador.
1. Mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63, sin aportes suficientes para jubilarse
Este grupo podrá elegir entre dos alternativas: recibir una gratificación por única vez o cobrar mensualmente el 60% de su remuneración bruta durante un máximo de 36 meses, o hasta reunir los requisitos para jubilarse, si eso ocurre antes.
En caso de optar por el pago único, la compensación se calculará en función de la antigüedad, con los límites establecidos por el decreto.
2. Mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64, con al menos 30 años de aportes
Para estos trabajadores se prevé una compensación equivalente a un salario bruto por cada año de antigüedad, con los topes correspondientes, más un adicional de cinco remuneraciones.
3. Mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62
En este grupo, la compensación será equivalente a un salario bruto por cada año de antigüedad, con un límite de 20 remuneraciones.
Además, se sumará un pago adicional de cuatro salarios brutos para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad y de cinco salarios para quienes acumulen 15 años o más.
Los montos finales dependerán de la situación particular de cada empleado y de las condiciones previstas en la normativa.
Quiénes pueden adherirse y quiénes quedan excluidos
El régimen está dirigido al personal de planta permanente comprendido en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y a quienes tengan contratos laborales por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
Sin embargo, la medida no alcanza a todos los trabajadores estatales. Quedan excluidos, entre otros, los empleados de organismos descentralizados, como la ANSES, además de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, personal del Servicio Exterior y trabajadores de la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Tampoco podrán acceder quienes estén procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la inscripción. La restricción también alcanza a empleados con determinados sumarios administrativos pendientes que puedan derivar en sanciones graves o en un perjuicio fiscal.
Por otra parte, los trabajadores que tengan reclamos judiciales o administrativos contra el Estado relacionados con su vínculo laboral deberán desistir de esas acciones para incorporarse al programa, de acuerdo con las condiciones establecidas en el decreto.
También existen incompatibilidades para quienes tengan una renuncia pendiente de aceptación, se encuentren en determinadas situaciones administrativas o hayan iniciado trámites previsionales alcanzados por las restricciones del régimen.
