La Liga de Intendentes participó de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada en defensa de la educación pública y en reclamo de mayores recursos para las universidades nacionales. Los jefes comunales que integran el espacio acompañaron la movilización hasta el Congreso, donde distintos sectores de la comunidad educativa exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La protesta reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y ciudadanos autoconvocados. Durante la jornada, los manifestantes reclamaron medidas concretas para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios y sostener el acceso a la educación superior en todo el país.
Uno de los principales ejes de la movilización fue la necesidad de asegurar partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos operativos de las universidades públicas. En ese sentido, los participantes advirtieron sobre la importancia de contar con fondos que permitan mantener las actividades académicas y garantizar la continuidad de la formación profesional.
A través de un mensaje conjunto, los intendentes expresaron su respaldo al reclamo universitario y destacaron el papel de la educación como herramienta de desarrollo social. “Estamos convencidos de que la educación es fundamental para construir una Argentina con más oportunidades”, señalaron los integrantes del espacio.
La Liga de Intendentes está integrada por Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Federico Achával, de Pilar; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gustavo Menéndez, de Merlo; Mariel Fernández, de Moreno; y Marisa Fassi, de Cañuelas.
También forman parte de la organización Gastón Granados, de Ezeiza; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Juan de Jesús, del Partido de La Costa; Juan Pablo García, de Dolores; y Esteban Sanzio, de Baradero.
La presencia de los jefes comunales en la marcha reflejó una posición compartida sobre la necesidad de preservar el sistema universitario público. Con su participación, el espacio buscó reforzar el pedido de financiamiento y acompañar a la comunidad educativa en la defensa de una universidad accesible y sostenida por el Estado.
