La oposición en la Cámara de Diputados ratificó su intención de sesionar para avanzar con la derogación del DNU 70/2023, pese a la decisión provisoria de la Corte Suprema sobre uno de los artículos más cuestionados de la norma.
El máximo tribunal suspendió temporalmente los efectos del artículo 154 del decreto, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. La medida fue adoptada a partir de una presentación realizada por una asociación ambientalista, una legisladora y representantes de comunidades indígenas.
La resolución judicial dispuso que la suspensión se mantenga hasta que el juez competente determine si los demandantes están legitimados para impulsar la acción y analice el pedido de medida cautelar. Además, la Corte remitió nuevamente el expediente al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche.
El fallo permitió que vuelvan a regir, de manera provisoria, las restricciones establecidas por la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La normativa fija límites a la extranjerización de la propiedad en los niveles nacional, provincial y departamental.
Sin embargo, la decisión de la Corte no modificó la estrategia de los bloques opositores. Los legisladores sostienen que el Congreso conserva la facultad de revisar y rechazar el DNU, por lo que mantienen el llamado a una sesión especial para discutir su derogación.
La resolución tampoco representa una definición sobre la constitucionalidad del decreto ni sobre la validez definitiva de la derogación de la Ley de Tierras. El tribunal aclaró que se trata de una suspensión interina, mientras continúa el trámite judicial y se analiza el fondo del reclamo.
El debate legislativo se da luego de que distintos bloques opositores anunciaran acuerdos para reunir el quórum necesario. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios trabajan para reunir los apoyos que permitan abrir la sesión y avanzar con el tratamiento del decreto.
La discusión sobre el DNU 70/2023 también cuenta con un antecedente en el Senado, donde en marzo de 2024 la Cámara alta había aprobado su derogación por 42 votos contra 25. Ahora, la oposición busca retomar ese planteo en Diputados y convertirlo en una definición parlamentaria.
