El Gobierno porteño adelantó el debate legislativo sobre la reforma del Código Contravencional y expondrá sus posiciones
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto para reformar el Código Contravencional y anticipó el debate que deberá desarrollarse en la Legislatura porteña. La iniciativa propone endurecer las sanciones, incorporar nuevas conductas y modificar la edad a partir de la cual una persona puede ser responsabilizada por este tipo de infracciones.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, defendió la propuesta y sostuvo que el objetivo es garantizar que los incumplimientos a las normas de convivencia tengan consecuencias concretas. En ese sentido, afirmó que el debate legislativo permitirá definir con claridad la posición de cada bloque frente a la reforma.
Uno de los principales cambios planteados consiste en reducir de 18 a 14 años la edad de responsabilidad contravencional. De acuerdo con el proyecto, los adolescentes de entre 14 y 17 años podrían recibir sanciones bajo un régimen especial, una modificación que representa un cambio respecto de la normativa vigente.
La reforma también incorpora nuevas figuras vinculadas con delitos y abusos cometidos mediante herramientas digitales. Entre ellas aparecen el phishing, los deepfakes, la difusión o comercialización de imágenes sin consentimiento y la suplantación de identidad. Además, se contempla sancionar a quienes se hagan pasar por agentes de tránsito o inspectores para llevar adelante estafas.
Otro de los ejes está relacionado con las conductas que afectan la convivencia en el espacio público. El proyecto incluye el acoso y el seguimiento en la vía pública, junto con medidas destinadas a reforzar la seguridad durante movilizaciones. En ese marco, se prevén sanciones por portar objetos que puedan ser utilizados para alterar el orden, como palos o bombas molotov.
La propuesta oficial también contempla un aumento de las multas y de los períodos de arresto para distintas contravenciones. Tapia señaló que, si la reforma es aprobada, conducir bajo los efectos del alcohol podría derivar en una sanción económica de hasta 7 millones de pesos.
Entre las modificaciones se incluye además la eliminación de mecanismos sustitutivos de las penas. El Gobierno porteño sostiene que esta medida busca evitar que las sanciones pierdan efectividad y garantizar su cumplimiento.
El proyecto comenzará ahora su recorrido parlamentario. Los bloques de la Legislatura deberán analizar los cambios impulsados por el Ejecutivo porteño y definir si acompañan una reforma que promete abrir un debate intenso sobre seguridad, convivencia y responsabilidad contravencional.
