Manuel Adorni negó haber pagado 245 mil dólares por las refacciones en Indio Cuá y negó las acusaciones por enriquecimiento ilícito
El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia federal un escrito de 78 carillas en el que buscó justificar la evolución de su patrimonio entre el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió su primer cargo en el gobierno de Javier Milei, y el 27 de junio de 2026, fecha de su renuncia. En la presentación, entregada en el marco del requerimiento de justificación patrimonial impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita y bajo la supervisión del juez Ariel Lijo, la defensa sostuvo que no existe “enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación” y que todos los movimientos de bienes e ingresos encuentran un sustento “razonable y verificable” en la documentación aportada. El escrito llegó al tribunal al filo del vencimiento de la prórroga de 15 días hábiles que había sido concedida para responder las dudas de la fiscalía.
El documento, elaborado por su abogado Matías Ledesma, responde uno por uno los 20 puntos que Pollicita había señalado como inconsistencias en la evolución patrimonial del ex funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti. La investigación había detectado diferencias entre los ingresos declarados y los gastos realizados durante el período en que Adorni se desempeñó primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete, así como la adquisición de bienes y la realización de inversiones que, según la fiscalía, no se correspondían con sus remuneraciones en la función pública. La defensa adjuntó documentación contable, bancaria y técnica, y adelantó que se incorporará nueva prueba con el objetivo de satisfacer “la carga de justificación que la norma impone” en causas por presunto enriquecimiento ilícito.
Uno de los ejes centrales de la presentación fue la explicación del origen de los dólares cuestionados por la Justicia, que Adorni atribuyó principalmente a operaciones con criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018, antes de su llegada al gobierno. En línea con lo que ya había declarado públicamente, el ex funcionario reiteró que obtuvo ganancias significativas invirtiendo en Bitcoin y que esas utilidades fueron volcadas luego a la compra de propiedades y a mejoras en inmuebles. La defensa buscó demostrar que esos fondos estaban debidamente registrados, que no provenían de su paso por la administración pública y que habían sido declarados en las sucesivas actualizaciones de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
Otro punto sensible del expediente es la remodelación del complejo Indio Cuá, cuya obra fue objeto de cuestionamientos por el monto que habría demandado. En la presentación, Adorni negó haber desembolsado 245 mil dólares por las refacciones y sostuvo que el costo real de los trabajos fue inferior a esa cifra. La defensa acompañó presupuestos, contratos y comprobantes de pago para respaldar la versión del ex funcionario y argumentó que las estimaciones más altas respondían a cálculos erróneos o a valoraciones parciales que no tenían en cuenta el detalle de las etapas de la obra. Según el escrito, los gastos en Indio Cuá se condicen con los ingresos previos de Adorni y con los recursos obtenidos por la venta de activos.
La investigación judicial que motivó este descargo se fue intensificando a lo largo del año, luego de que se detectaran desfasajes entre los ingresos y egresos declarados y que el propio Adorni reconociera públicamente haber ganado alrededor de 300.000 dólares mediante operaciones con criptomonedas. A pedido del fiscal Pollicita, el juez Lijo ordenó la obtención de las nuevas declaraciones juradas del ex jefe de Gabinete y de su esposa, incluyendo los anexos reservados, y se dispuso un análisis técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Sobre la base de esos informes se emitió el requerimiento de justificación que ahora fue contestado. Con la presentación de este extenso escrito, la causa entra en una nueva etapa: será la Justicia la que deberá evaluar si las explicaciones y la documentación alcanzan para despejar las sospechas de enriquecimiento ilícito o si corresponde avanzar hacia medidas más profundas en el expediente.
