La carrera por el control de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la principal distribuidora de agua del país, entró en su etapa decisiva con solo dos consorcios empresariales en competencia por el 90% del paquete accionario que hoy está en manos del Estado nacional. De las 17 propuestas que se habían presentado al inicio del proceso de privatización impulsado por el gobierno de Javier Milei, únicamente quedaron en pie la oferta liderada por Roggio ROAS S.A.U., vehículo del histórico Grupo Roggio, y la encabezada por Rowing S.A., una firma de ingeniería y servicios industriales vinculada al empresario Walter Román. Ambas propuestas fueron habilitadas para avanzar a la instancia de oferta económica, que definirá quién se queda con el control operativo de una compañía clave para el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El primer consorcio en carrera está conformado alrededor del Grupo Roggio, uno de los holdings de infraestructura y servicios más relevantes del país, con operaciones en construcción, transporte, residuos y, especialmente, en agua y saneamiento. Roggio se presenta a través de Roggio ROAS S.A.U., sociedad creada específicamente como vehículo de inversión para negocios en el sector hídrico, y llega con antecedentes directos: el grupo opera actualmente Aguas Cordobesas S.A., la concesionaria del servicio de agua en la provincia de Córdoba, y es considerado uno de los jugadores locales con mayor experiencia técnica y operativa en la gestión de redes de gran escala. En la propuesta por AySA lo acompañan Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre, un entramado societario que combina conocimiento técnico, financiamiento y presencia territorial.
El segundo bloque que disputa la privatización está encabezado por Rowing S.A., una empresa de ingeniería, construcción y servicios industriales fundada por Walter Román, que en los últimos años ganó espacio como contratista en obras de infraestructura y plantas industriales. Rowing se posiciona como el articulador de un consorcio que reúne a actores con fuerte especialización en el negocio del agua y el financiamiento internacional. Entre ellos sobresale Transclor, la compañía de Mauricio Filiberti, proveedor exclusivo del policloruro de aluminio que se utiliza para potabilizar el agua y que constituye uno de los insumos más críticos en la operación diaria de AySA. Filiberti, conocido en el sector como “el señor del cloro”, aporta no solo su rol estratégico como proveedor central de la empresa, sino también su experiencia como socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en la distribuidora eléctrica Edenor, lo que lo ubica entre los empresarios con mayor presencia en servicios públicos regulados.
El consorcio liderado por Rowing se completa con Arcos Saneamento e Participações S.A., compañía brasileña que opera el servicio de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro bajo la marca Águas do Rio, tras haberse adjudicado en 2021 una de las mayores licitaciones de saneamiento de la historia de Brasil. La presencia de Arcos introduce un componente de operador internacional con experiencia comprobada en sistemas complejos, algo que el gobierno nacional venía buscando desde el inicio del proceso de privatización. El cuarto socio es PHX, un fondo de inversión con sede en los Países Bajos, que aporta capacidad financiera y estructura de capital para respaldar el compromiso de largo plazo que supone la gestión de AySA. Este esquema mixto, con un operador local, un proveedor estratégico de insumos críticos, una empresa internacional con trayectoria en saneamiento y un fondo extranjero, es una de las cartas fuertes del grupo para competir frente a la experiencia consolidada de Roggio.
El contexto en el que ambos consorcios llegan a la instancia definitoria está atravesado por un proceso de privatizaciones amplio, en el que AySA aparece como uno de los activos más relevantes tanto por su tamaño como por su impacto social. A lo largo de los últimos meses, el gobierno fue afinando las condiciones de la licitación, mientras varias compañías que inicialmente se habían mostrado interesadas —entre ellas las brasileñas Sabesp y Águas do Rio y la chilena Aguas Andinas, controlada por el grupo francés Veolia— quedaron en el camino, en parte por el conflicto diplomático con Brasil y por las exigencias regulatorias y políticas del proceso. En ese escenario de reducción de jugadores y tensiones geopolíticas, la puja entre el consorcio Roggio ROAS y el bloque liderado por Rowing S.A. se convirtió en el capítulo final de una disputa que definirá no solo quién manejará la mayor distribuidora de agua del país, sino también el modelo de participación privada en un servicio esencial para millones de usuarios del Área Metropolitana.
