El juez federal Ariel Lijo rechazó el nuevo intento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de frenar el peritaje de los audios que lo comprometen en la causa por presuntas coimas y sobreprecios en el organismo. La resolución ratificó que los estudios acústicos sobre 58 archivos de audio seguirán adelante, pese a las objeciones de la defensa, que cuestionó la incorporación de parte del material al expediente y volvió a plantear que cualquier colaboración de su cliente podría implicar una autoincriminación. Con esta decisión, la Justicia consolida la línea de avanzar en el esclarecimiento del origen, autenticidad y posible manipulación de las grabaciones que dieron origen al caso.
En su fallo, Lijo remarcó que fue la propia defensa de Spagnuolo la que inicialmente solicitó la realización de pericias sobre los audios, propuso un perito de parte y sugirió puntos técnicos adicionales para profundizar el análisis. Esa conducta previa –orientada a verificar la veracidad de las grabaciones y su eventual edición– contrasta con la estrategia actual del exfuncionario, que busca detener o limitar el estudio forense sobre el material sonoro. El magistrado consideró esa marcha atrás como una maniobra incompatible con el objetivo declarado de aclarar qué ocurrió en la ANDIS y quiénes se beneficiaron del presunto circuito de retornos entre el organismo, droguerías y otros actores vinculados al negocio de la salud.
Spagnuolo, procesado como presunto jefe de una asociación ilícita, se niega a aportar una muestra de su voz para que sea comparada con las grabaciones que lo muestran negociando pagos indebidos y beneficios a empresas proveedoras. Sus abogados insisten en que obligarlo a someterse a una toma de voz vulneraría el derecho constitucional a no autoincriminarse y reclaman la nulidad de ese punto de la pericia, además de la suspensión de todo el estudio hasta que se resuelva esa discusión. Frente a esa posición, tanto el juez como la fiscalía ya habían trazado una vía alternativa: el uso de “material indubitado” obtenido de entrevistas periodísticas que el exdirector concedió a distintos medios, con el fin de cotejar esas intervenciones públicas con los audios bajo sospecha, sin depender de su colaboración directa.
El nuevo planteo de la defensa también apuntó a cuestionar el conjunto de 58 archivos enviados a Gendarmería Nacional para su análisis, al sostener que algunos de ellos no habrían sido incorporados formalmente a la causa o no habrían sido puestos a disposición de las partes en tiempo y forma. Spagnuolo pretendía limitar el peritaje a los fragmentos emitidos en YouTube por el canal del periodista Mauro Federico, desatendiendo el material “en crudo” almacenado en un pendrive, donde se habrían detectado cortes, ediciones y secuencias que podrían ser clave para reconstruir el entramado de pagos ilegales. Lijo respondió que el objeto de estudio no se modificó respecto de lo que la propia defensa había consentido en un comienzo y que no hay razones procesales válidas para excluir parte del material sonoro del examen técnico.
La resolución judicial deja claro que el peritaje seguirá su curso en manos de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, con el doble objetivo de determinar si la voz que se escucha en las grabaciones pertenece efectivamente a Spagnuolo y de establecer si los audios fueron manipulados, editados o generados mediante tecnologías como la inteligencia artificial, tal como sostiene la defensa en sus declaraciones públicas. Al mismo tiempo, el fallo advierte que la actitud del exfuncionario –primero reclamando las pericias, luego buscando detenerlas y negándose a aportar su voz– es leída por el tribunal como un intento de obstaculizar el avance de la investigación en una causa que ya acumula procesamientos, apelaciones pendientes y un fuerte impacto político en el gobierno libertario al que Spagnuolo supo estar estrechamente vinculado.
